miércoles, junio 14, 2006


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Jaime Calderón Herrera

jaimecalde@yahoo.com

13/06/2006

En 1993 el presidente de entonces, sancionó la ley que transformó profundamente el sistema general de seguridad social en salud.

En concertación con el Congreso de la República, ese gobierno impulsó una reforma que acomodaba la prestación de servicios de salud, al modelo adoptado por presiones internacionales y que en resumen, convierte todo lo público en privado y todo lo existente en mercancía, en objetos de lucro, regulado al final por una gran organización global, la Organización Mundial de Comercio.

Justificaron la reforma con los siguientes argumentos:
Baja cobertura del modelo existente.
Corrupción en el sistema de salud. Ineficiencia e inequidad en la prestación de los servicios.
Se propuso entonces universalidad, equidad y solidaridad.
Incrementaron los aportes al doble.
Trece años después no hay universalidad, cuatro de cada diez colombianos no tienen acceso a los servicios, los que en teoría tienen el derecho, en la práctica no logran ejercerlo y quienes lo hacen, requieren mucha, pero muchas veces, de tutelas para obtener una mediana atención, que casi en ningún caso es oportuna.
El sistema está diseñado en forma no equitativa, pues hay varios “planes obligatorios de salud”, uno subsidiado, otro contributivo y otro de subsidios parciales y es además tramposo.
Por ejemplo, para el régimen subsidiado se tiene derecho al llamado cuarto nivel, pero no al tercero. Se tiene derecho a ser atendido para enfermedades tales como el cáncer o las cirugías del corazón (IV nivel), pero no se tiene derecho a que se le practiquen los exámenes de diagnóstico correspondientes (III nivel). Es como tener derecho a entrar a un cuarto piso, para lo cual es indispensable pasar por el tercero, a cuyo acceso se está prohibido.
Sin corregir la cobertura, ni la inequidad, ni la ineficiencia, la reforma del 93 no fue solución. Tampoco disminuyó la corrupción. ¿O sí?
En cambio, exterminó la relación médico paciente, destruyó las bases humanísticas y profesionales de la medicina, enriqueció desproporcionadamente a los comerciantes, es decir a los intermediarios en la prestación de los servicios, y deterioró los índices de salud pública.
La culpa, si cabe el término, no es de los comerciantes. Ellos están ahí para hacer negocios, es decir comprar y contratar barato y ofrecer servicios al menor costo que les permitan. Y en Colombia todo ha sido permitido.
Mientras el modelo de seguridad social se fundamente en la consideración de que los pacientes, los médicos, las enfermeras, los hospitales, los medicamentos, las funerarias, la comida de los hospitalizados, los insumos, son mercancías y objeto de negocio, no habrá esperanza, ni siquiera con cobertura universal, pues ella solo logrará mejorar el negocio, pero no la atención de los enfermos. El control y la propiedad de todo, en una sola entidad, es lo que han dado en llamar integración vertical.
La reforma que se hundió, era una reforma mínima, yo diría que casi cosmética, pero afectaba a la Empresas Promotoras de Salud (EPS), limitando la Integración vertical. Y ningún negociante permite, mientras pueda, que se limite su quehacer con las mercancías. Los negociantes de la salud, como saben comprar y vender, compraron para luego vender mejor.
El comercio es la salud para una nación, pero la salud de los nacionales no debe ser objeto de comercio. Mucho menos regida por el libre comercio.

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